Definición de pacto de no ejecución

Qué es el pacto de no ejecución

Un pacto de no ejecución es un acuerdo de demanda en el que el demandante se compromete a no ejecutar una sentencia contra el demandado. Un pacto de no ejecución en un juicio por reclamación de seguros suele ser proporcionado por un demandante que quiere reclamar al asegurado una parte de los daños globales, reservándose al mismo tiempo el derecho a presentar otras reclamaciones contra otras pólizas hasta que se cubran todos los daños.

Comprender el pacto de no ejecución

El pacto de no ejecución es una promesa del demandante de no reclamar más daños al asegurado. En los juicios por reclamaciones de seguros intervienen tres partes principales: el asegurado, la aseguradora y el demandante. Cada parte tiene sus propios objetivos que espera alcanzar. El asegurado quiere llegar a un acuerdo por lo menos posible. La aseguradora quiere reducir su exposición a las pérdidas a la menor cantidad posible. El demandante quiere el máximo dinero que pueda obtener de la demanda.

El asegurador indemniza al asegurado, lo que significa que se encarga de defenderlo contra el juicio. En algunos casos, sin embargo, la aseguradora no actúa en el mejor interés del asegurado y se niega a llegar a un acuerdo. En este caso, el asegurado y el demandante pueden acordar limitar la sentencia para que el demandante pueda ir a por la aseguradora.

Puntos clave

  • Un pacto de no ejecución es una promesa del demandante, generalmente el asegurado o el reclamante, de limitar la cuantía de los daños solicitados en un pleito de seguros.
  • Se utiliza como una maniobra estratégica por parte del demandante y del asegurado para dirigirse a la aseguradora por daños monetarios.
  • Algunos tribunales estatales han impuesto restricciones onerosas o no permiten la presentación de convenios de no ejecución.

Problemas con los pactos de no ejecución

Muchas aseguradoras argumentan que un demandado que consiente una sentencia pero está protegido por un pacto de no ejecución no está legalmente obligado a pagar a los demandantes y, por tanto, no ha sufrido ninguna pérdida. Una minoría de tribunales ha excluido este tipo de acuerdos bajo esta lógica, concluyendo que una confesión de sentencia, en la que el asegurado nunca esperaría pagar con sus propios recursos, anula la posibilidad de cobertura. Los tribunales advierten que sostener lo contrario invitaría a la colusión entre las partes del acuerdo.

Ejecutar un pacto de no ejecución puede ser una estrategia complicada y depende de la jurisdicción del estado en cuestión. Existe el enfoque mayoritario, seguido por los tribunales de estados como California, y el enfoque minoritario, seguido por los tribunales de estados como Carolina del Norte. En este último caso, los tribunales de Carolina del Norte han argumentado que un pacto de no ejecución constituye una forma de exención para el asegurado de cumplir legalmente con su obligación. Afirman que esto también libera a las aseguradoras de la obligación legal de indemnizar a los demandantes.

California ha puesto condiciones para que un pacto de no ejecución sea válido. Una de estas condiciones es que la aseguradora debe denegar primero la cobertura y la defensa al asegurado antes de que se aplique el pacto de no ejecución. El estado también exige que los acuerdos entre el asegurado y los demandantes sean razonables, no colusorios y de buena fe.

Ejemplo de pactos de no ejecución

Por ejemplo, una empresa de construcción adquiere una póliza de seguro de responsabilidad civil para protegerse de ciertos riesgos mientras construye un nuevo hospital. Varios años después de la finalización del proyecto, se descubre que el hospital presenta deficiencias de construcción y el operador del hospital presenta una demanda para pagar las reparaciones. El gestor del hospital, ahora demandante, exige un acuerdo a la aseguradora y a la empresa constructora, pero la aseguradora no está dispuesta a aceptar la demanda de acuerdo del demandante. El demandante indica que está dispuesto a no ejecutar una sentencia contra la empresa constructora a cambio de que ésta ceda su reclamación contra la aseguradora al demandante. El demandante tendría así la posibilidad de reclamar a la aseguradora una indemnización por daños y perjuicios.

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