Qué es la Ley de Empresas Industriales Enfermas (SICA)?
La Ley de Empresas Industriales Enfermas de 1985 (SICA) fue una pieza clave de la legislación para tratar el problema de la enfermedad industrial rampante en la India. La Ley de Empresas Industriales Enfermas (SICA) se promulgó en la India para detectar empresas inviables ("enfermas") o potencialmente enfermas y ayudar a su reactivación, si es posible, o a su cierre, si no. Esta medida se adoptó para liberar la inversión bloqueada en empresas inviables para su uso productivo en otros lugares.
Puntos clave
- La Ley de Empresas Industriales Enfermas de 1985 (SICA) fue una ley india promulgada para detectar empresas inviables ("enfermas") que pudieran suponer un riesgo financiero sistemático.
- El SICA fue derogado y sustituido en 2003 por la Ley de Derogación de las Empresas Industriales Enfermas (Disposiciones Especiales) de 2003, que suavizó algunos aspectos de la ley original y solucionó algunos factores problemáticos.
- El SICA se derogó por completo en 2016, en parte porque algunas de sus disposiciones se solapaban con las de otra ley, la Ley de Sociedades de 2013.
Entender la Ley de Empresas Industriales Enfermas (SICA)
La Ley de Empresas Industriales Enfermas (SICA) se promulgó en 1985 para hacer frente a un problema crónico de la economía india: la enfermedad industrial.
La ley define una unidad industrial enferma como aquella que ha existido durante al menos cinco años y ha incurrido en pérdidas acumuladas iguales o superiores a todo su patrimonio neto al final de cualquier ejercicio financiero.
Las causas de las enfermedades industriales
La Ley de Empresas Industriales Enfermas (SICA) identificó una serie de factores internos y externos responsables de esta epidemia. Los factores internos de las organizaciones incluían la mala gestión, la sobreestimación de la demanda, la ubicación incorrecta, la mala ejecución de los proyectos, la expansión injustificada, la extravagancia personal, la falta de modernización y las malas relaciones entre los trabajadores y la dirección. Los factores externos incluían la crisis energética, la escasez de materias primas, los cuellos de botella en las infraestructuras, las facilidades de crédito inadecuadas, los cambios tecnológicos y las fuerzas del mercado mundial.
Las enfermedades laborales y la economía
La enfermedad industrial generalizada afecta a la economía de varias maneras. Puede dar lugar a la pérdida de ingresos del gobierno, la inmovilización de los escasos recursos en las unidades enfermas, el aumento de los activos improductivos en poder de los bancos y las instituciones financieras, el aumento del desempleo, la pérdida de producción y la baja productividad. El SICA se implementó para rectificar estas consecuencias socioeconómicas adversas.
Legislación y disposiciones del SICA
Una importante disposición del SICA fue la creación de dos organismos cuasi judiciales: el Consejo de Reconstrucción Industrial y Financiera (BIFR) y la Autoridad de Apelación para la Reconstrucción Industrial y Financiera (AAIFR). El BIFR se creó como un consejo superior para dirigir la gestión del problema de la enfermedad industrial, incluyendo la reactivación y rehabilitación de las unidades potencialmente enfermas y la liquidación de las empresas no viables. El AAIFR se creó para conocer los recursos contra las órdenes del BIFR.
Derogación de la Ley de Empresas Industriales Enfermas
La SICA fue derogada y sustituida por la Sick Industrial Companies (Special Provisions) Repeal Act (Ley de derogación de las empresas industriales enfermas) de 2003, que diluyó algunas disposiciones de la SICA y colmó ciertas lagunas. Un cambio clave de la nueva ley fue que, además de combatir la enfermedad industrial, pretendía reducir su creciente incidencia garantizando que las empresas no recurrieran a la declaración de enfermedad simplemente para eludir las obligaciones legales y acceder a las concesiones de las instituciones financieras.
La derogación de la SICA entró plenamente en vigor el 1 de diciembre de 2016. Fue totalmente derogada, en parte, porque algunas de sus disposiciones se solapaban con la Ley de Sociedades de 2013. La Ley de Sociedades incluye la creación del Tribunal Nacional de Derecho de Sociedades (NCLT) y del Tribunal Nacional de Apelación de Derecho de Sociedades (NCLAT). El NCLT puede conocer casos relacionados con la gestión de una empresa, las fusiones y las rehabilitaciones de empresas, entre otras cuestiones. El Código de Insolvencia y Quiebra de 2016 añade autoridad al NCLT, y establece que los procesos de insolvencia empresarial pueden iniciarse ante el NCLT.